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Boletín de noticias 12 de marzo de 2012
EL TIEMPO
'COMISIÓN NO PUEDE IGNORAR LAS DENUNCIAS': GERMÁN BLANCO
La Comisión de Acusación de la Cámara "tiene el deber" de dar trámite a las denuncias que le llegan, "con independencia de la dignidad" que ostente la persona a la que piden investigar.
Así lo manifestó este domingo el presidente de esa célula, Germán Blanco, quien negó que exista un complot contra la justicia. Dijo que recibían "con preocupación" las declaraciones de los presidentes de las altas cortes, que, en entrevista con EL TIEMPO, aseguraron que las acusaciones por el 'carrusel' de las pensiones son "una campaña dirigida a enlodar a la Rama Judicial".
"Tenemos la obligación de darles trámite e investigar las denuncias; no las podemos ignorar", aseguró Blanco.
Lo que generó la inconformidad de las cortes es el manejo que se le ha dado a la información en algunos medios sobre las denuncias contra ciertos magistrados por el 'carrusel' de las pensiones, hecho que ha sido usado para generalizar un manto de duda sobre todos los miembros de las altas cortes sin que existan indicios concretos aún en manos de la Comisión.
Para el representante liberal Guillermo Rivera, sí hay sectores que están interesados en "desprestigiar" a las altas cortes.
GOBIERNO BUSCA RESPALDO PARA RETIRAR DE REFORMA TEMA DE FUERO MILITAR
El informe de la comisión se conocería este lunes pero finalmente fue aplazado para este miércoles.
Si la votación en la Comisión Primera del Senado fuera hoy, el Gobierno no tendría el respaldo suficiente para retirar del proyecto de reforma de la justicia el artículo sobre el fortalecimiento del fuero militar. 'La U' y los conservadores se oponen a que esa disposición sea eliminada y, dado que tienen 9 de las 18 curules de esa célula, aseguran una mayoría.
Juan Lozano, jefe de 'la U', y Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, afirmaron que sus bancadas no pueden respaldar el retiro del artículo sin conocer las conclusiones de la comisión de expertos que se conformó para estudiar una reforma "profunda" del fuero militar.
El informe de esa comisión se conocerá el miércoles, en la primera Mesa de Unidad Nacional, citada originalmente para este lunes, pero finalmente aplazada.
"Pido que no se presione apresurar la convocatoria hasta que las bancadas hayan tenido oportunidad de debatir la propuesta de la comisión", manifestó Lozano.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que "esta semana la comisión que viene trabajando en este tema va a terminar de ultimar detalles y habrá que discutirlo con los partidos, pero nuestra voluntad es avanzar en el fuero y la justicia penal militar".
Lo que busca la reforma del fuero
La reforma del fuero militar busca, mediante una reforma constitucional, crear un tribunal de garantías para los miembros de la Fuerza Pública y que los delitos que cometan en servicio sean investigados por militares.
CORTES DENUNCIAN COMPLOT PARA ENLODAR A LA JUSTICIA
Los presidentes de la Corte, Javier Zapata, Ricardo Monroy, Gustavo Gómez y Gabriel Mendoza.
Presidentes de los cuatro altos tribunales rechazan estar implicados en 'carrusel' de pensiones.
Las altas cortes del país salieron en una sola voz a rechazar la que consideran una campaña de desprestigio en contra de la Justicia.
Los presidentes de las cortes Constitucional, Gabriel Mendoza, y Suprema, Javier Zapata; y del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, y de la Judicatura, Ricardo Monroy, cuestionaron las denuncias que aparecieron en la Comisión de Acusación y que mencionan a prácticamente todos los magistrados del país como supuestos implicados en el escándalo del 'carrusel' de pensiones que ha sacudido la polémica Sala Disciplinaria de la Judicatura.
"Hay una campaña dirigida a enlodar a la Rama Judicial (...) Han utilizado los medios masivos con información tendenciosa -dice el magistrado Gómez, presidente del Consejo de Estado-. Todo lo que han hecho los subversivos en cincuenta años no ha sido tan gravoso para el país como lo que se hizo en estos días".
A su vez, Mendoza, presidente de la Corte Constitucional, cuestiona el manejo que se hizo de la información de las supuestas denuncias en varios medios. "Hay una desinformación que está generando un grave deterioro para la imagen de la institucionalidad, en particular de la Rama Judicial", aseguró Mendoza.
Como vocero de las cuatro cortes, el magistrado Mendoza dice que "no hay espíritu de cuerpo" en los altos tribunales y que son los primeros interesados en que los responsables del 'carrusel' sean sancionados. Pero advierte que es descabellado sostener que todos los magistrados del país incurren en esas prácticas.
¿Cómo reciben las cortes la posible apertura de investigaciones contra más de 200 magistrados titulares y auxiliares en la Comisión de Acusaciones?
Con sorpresa, porque entendemos que esas denuncias o esas supuestas denuncias están basadas en hechos que son absolutamente contrarios a la realidad y parten de unos hechos que generan curiosidad, en la medida en que casi todos los despachos de los magistrados de las altas cortes recibieron unos derechos de petición en que se nos solicitaba informar los nombres de todos los magistrados auxiliares, que luego aparecen en una denuncia. Obviamente, esto está generando un daño enorme a la institucionalidad, porque está poniendo en tela de juicio a toda la Rama a través de unos supuestos que son absolutamente contrarios a la realidad.
¿Son denuncias infundadas?
En la generalidad de los casos, ninguna de esas personas que hacen parte de la planta de los despachos está cerca de pensionarse. Pero se ha creado una imagen, una impresión absolutamente contraria a la realidad. Por supuesto, sabemos que hay casos que se están investigando porque parece ser que ha habido situaciones que no se compadecen con el ejercicio de la función administrativa, de la función pública. Pero nos inquieta el hecho de que algunos medios, sin verificar, sin esperar que inclusive se hiciera un pronunciamiento de fondo por parte de los organismos que están investigando los casos, difundieran de forma tan espectacular esa información.
Pero se trata de una información que difunde la Comisión de Acusación de la Cámara. ¿La Comisión les dio a esas denuncias un alcance que no tienen?
No conocemos el origen de esta información. Pero lo cierto es que desestabiliza. Lo único con lo que cuenta la institucionalidad en materia de Justicia es la imagen, la credibilidad y la honestidad de los jueces. Si eso se pone en duda, así tan fácilmente, pierde toda la sociedad. La idea no es oponernos a ese tipo de investigaciones. Por el contrario, si hay lugar a ellas hay que llevarlas hasta sus últimas consecuencias; todos queremos eso. Pero nos preocupa que se tomen informaciones aisladas y, sobre todo, infundadas, para crear un ambiente que está dañando la imagen de la institucionalidad en momentos en que se está adelantando un proceso de reforma de la Justicia. De ahí podrían derivarse propuestas, ideas... Para subsanar cosas que en realidad no existen.
¿Quién podría estar interesado en lesionar la imagen de la Justicia?
La pregunta es muy interesante, pero nosotros no podemos calificar certeramente de dónde provienen este tipo de situaciones. Creemos que, en parte, esto se ha suscitado porque hay una tendencia de los medios a crear expectativas frente a la opinión y presentar como problemáticas generalizadas situaciones que no tienen esa connotación. Hacemos un llamado de atención a los medios, entendemos que este es un problema que puede generar audiencia, pero este tipo de situaciones no se pueden manejar con espectacularidad. Esto impacta en el ánimo de la ciudadanía, en la confianza por las instituciones. Jugar con la imagen, con el buen nombre, con el prestigio de la administración de Justicia, es peligroso para la sociedad. Si nosotros estamos llamados a realizar las expectativas que tiene la ciudadanía en torno a la justicia y tan ligeramente nos catalogan como parte de una problemática tan sensible, se genera un daño a la institucionalidad del país.
La Contraloría investiga varios casos en los que aparecen indicios sólidos de ese 'carrusel' pensional. ¿Aquellos que sí están implicados en estas prácticas terminan beneficiándose de que se extienda la duda sobre todas las cortes y todos los magistrados?
No podría afirmarlo de manera categórica. No podemos dar por sentado que las investigaciones que por esa razón se están adelantando culminen de esa manera. Por eso hay que pedirles mesura a los medios. Obviamente, uno podría pensar que esto esté siendo manipulado para efectos de buscar unas implicaciones. Lo que nos preocupa es la manera como se ha presentado una noticia basada en documentos que no respaldan para nada las conclusiones preliminares que se hicieron. Que todos los magistrados estamos metidos en eso del llamado 'carrusel'. Eso no es así.
¿No podría interpretarse esta posición de las cortes como una resistencia a ser sometida a controles? ¿No hay indicios creíbles de que sí hubo nombramientos de magistrados auxiliares que terminaron multiplicando sus pensiones de manera irregular?
Eso es lo que está siendo objeto de investigación. Lo que nos preocupa es que se generalice una situación que es particular y frente a la que esperamos se haga total claridad. No se trata de ningún espíritu de cuerpo, sino de una preocupación real sobre el daño que se les ha hecho, al país y a sus instituciones, con el manejo de estas informaciones que, repito, no tienen fundamento. Esa es la reflexión que queremos generar. De otro lado, las cortes están abiertas a las investigaciones a que haya lugar por parte de las autoridades correspondientes. Si alguien no ha cumplido con su obligación y ha sido inferior a sus responsabilidades, debe responder. Pero lo que no puede generarse es que a partir de anónimos y de versiones poco sólidas se generalice y se cuestione a todos los magistrados del país. Por eso el llamado a los medios de comunicación es a analizar objetivamente las informaciones, a esperar que haya decisiones concretas y a no dejarse llevar por un afán de espectacularidad que no le sirve al país.
Consejo Superior de la Judicatura
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Ricardo Monroy, pidió análisis antes de divulgar informaciones. "No podemos perder de vista, como sociedad, el valor de las instituciones. Ese valor lo estamos afectando al minar la reputación de los jueces", dijo.
Corte Suprema de Justicia
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Javier Zapata, dijo que los señalamientos podrían generar impedimentos ante eventuales investigaciones que tengan que asumir. "Pedimos justicia por parte de los órganos que nos juzgan, pero encauzada por los rumbos normales", señaló.
La Corte Constitucional
El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Gabriel Mendoza, admitió que al parecer ha habido nombramientos irregulares. "Parece ser que ha habido hechos en los que sí se ha incurrido en situaciones que no se compadecen con el deber de la función administrativa", agregó.
Contraloría y Comisión pujan por Judicatura
En manos del Consejo de Estado está definir uno de los conflictos de competencia más polémicos de los últimos años: ¿el fuero de los magistrados se aplica también a los casos fiscales?
La Comisión de Acusación pretende quedarse con la investigación que abrió la Contraloría contra varios miembros de la Judicatura que, según el organismo de control, nombraron magistrados auxiliares que terminaron con pensiones millonarias, gracias a un cuestionado decreto de 1971 que permite que los empleados de la Rama Judicial se pensionen con el mejor salario del último año, aunque sus aportes no correspondan.
Pese a que el caso se refiere a un escándalo revelado por los medios hace más de un año, la Comisión solo lo empezó a mover después de que la Contraloría abrió juicios fiscales contra varios magistrados de la Judicatura, algunos de los cuales señalaron públicamente que esa entidad no podía investigarlos debido a su calidad de aforados.
Los nombramientos en la Judicatura, especialmente en la Sala Disciplinaria, habrían impactado al sistema pensional en al menos 13.000 millones de pesos. La razón estriba en que los cortos lapsos de trabajo en esa alta corte les permitieron a decenas de magistrados auxiliares multiplicar por cuatro pensiones que estaban inicialmente sobre los 4 millones de pesos.
Cuando la Comisión de Acusación reclamó el caso, la Sala Disciplinaria nombró conjueces para que dirimieran el conflicto de competencias. La Contraloría le pidió al Gobierno que consultara al Consejo de Estado, pues no consideraba legítimo que el mismo órgano al que pertenecen los investigados resolviera la colisión.
CONSEJO DE ESTADO NO RESOLVIÓ DUDA SOBRE PERÍODO DE NUEVO FISCAL
El texto de la sentencia del Consejo de Estado que precipitó la renuncia de la fiscal Viviane Morales y que finalmente se conoció ayer no resuelve uno de los grandes líos derivados de la caída de la elección de la Fiscal General: ¿el sucesor estará 17 meses o 4 años?
En cambio, sí señala que la Corte Suprema violó su reglamento interno y el principio constitucional de igualdad y equidad al elegir a Morales con 14 votos y no con 16.
Ayer, tanto el Gobierno como el Procurador apuraron al Consejo de Estado para que resuelva cuanto antes la consulta que elevó hace una semana el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, sobre el periodo para el que será elegido el nuevo funcionario.
"El Gobierno está pendiente de la respuesta de la Sala de Consulta del Consejo de Estado para efectos de proceder a presentar de inmediato la terna a la consideración de la Corte", dijo el ministro.
Las declaraciones de Esguerra se produjeron luego de que el jueves la Corte Suprema, tras nueve horas de sesión en sala plena, anunciara que se limitará a elegir al Fiscal General de la terna que presente el Presidente, pero que no es competente para determinar el periodo.
Entre varios miembros del Consejo de Estado era fuerte la posición según la cual las autoridades encargadas de la elección -el Presidente, que elabora la terna, y la Corte, que elige de ella- debían señalar si el sucesor de Morales estará en su cargo para completar el actual periodo o si arrancaba por 4 años.
En el lío de la discusión está la reforma constitucional del 2003, que impuso que los periodos de los altos funcionarios y los elegidos por voto popular son institucionales y no personales. Si el nuevo Fiscal se elige por 17 meses, el presidente Juan Manuel Santos se vería en la situación de ternar tres fiscales, sin contar con una eventual aspiración a reelegirse.
EL TIEMPO conoció que varios connotados juristas han sido consultados sobre su eventual interés de estar en la terna y que la respuesta ha sido la misma en casi todos los casos: les suena estar postulados, pero por cuatro años.
Entre los que están en el sonajero aparecen los expresidentes de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre, Jaime Córdoba Triviño y Manuel José Cepeda, los exmagistrados de la Corte Suprema Ricardo Calvete y Fernando Arboleda Ripoll y la exzar anticorrupción Margarita Zuleta, además del exministro Fernando Carrillo. En todo caso, el Gobierno se inclina por que los candidatos sean expertos en derecho penal.
CONSECUENCIAS DE LA LEY DE HABEAS DATA
Por: Guillermo Santos Calderón
Podría haber demandas de particulares contra edificios cuya infraestructura de seguridad haya sido 'hackeada' y sus datos extraídos.
Su objeto es proteger todos los datos personales, privados y confidenciales de los ciudadanos.
Pronto entrará en vigencia la ley de habeas data -C-748 del 2011-, encontrada constitucional en la mayoría de su texto y la que nos cambiará radicalmente la forma en que hacemos actividades que hasta ahora nunca nos han incomodado.
Para ver los posibles efectos de esta ley, una vez sea firmada por el Presidente y reglamentada, vale la pena analizar qué pasa en países donde ya existe una norma similar. Su objeto es proteger todos los datos personales, privados y confidenciales de los ciudadanos. Esto va a cambiar la forma de ingreso a un edificio o entidad, pública o privada, en la que actualmente es obligatorio dejar la cédula o un documento en el que aparezcan el número, una foto de la cara y, en algunos casos, la huella digital.
En España, al visitante de un edificio se le debe informar de la existencia de un archivo automatizado, el propósito de la toma de los datos, quiénes son los destinatarios de dicha información, el carácter obligatorio de una respuesta del visitante sobre si los quiere dar o no y, en caso de ser negativa, de sus consecuencias. Esto quiere decir que el visitante tiene derecho a ser informado de cómo se procesan los datos que le piden y quién responde por su seguridad y almacenamiento. También se le debe pedir autorización para darlos y, en caso de no quererlo hacer, se le debe informar de las consecuencias. Y no solo se trata de los datos que todos suministramos al entrar a un edificio, sino también de las grabaciones hechas en él por las cámaras de seguridad en las que podamos aparecer. Si se da la información, esta no podrá ser usada para otros fines, ni transferida a terceros, y deberá ser destruida periódicamente.
La seguridad de los edificios en Colombia va a tener que replantear la forma en que controla la entrada y salida de los visitantes. Seguramente habrá gente que se niegue a suministrar la información requerida. De hacerlo, podría solicitar un documento en que autoriza, pero en el que también se debe dejar muy clara la responsabilidad de la seguridad de los datos. Podría haber demandas de particulares contra edificios cuya infraestructura de seguridad haya sido 'hackeada' y sus datos extraídos.
¿Estaremos preparados para esto? No lo creo así. El vigilante de un edificio al que le tuve que dar mis datos -cédula, foto y huella-, cuando le pregunté dónde quedaban almacenados, me respondió que en el computador que estaba al frente, totalmente inseguro, y cuando le pregunté que quién respondía por mi información me contestó: "¿Hmmm?".
EL ESPECTADOR
LA LEY DE DESARROLLO RURAL
Por: Salomón Kalmanovitz
La ley que presentará Juan Camilo Restrepo al Congreso en los próximos días refleja un cambio de rumbo apreciable frente a la que hizo pasar el anterior gobierno en 2006.
En la iniciativa del exministro Arias Leiva se extinguía el dominio sobre las tierras si no eran explotadas durante 3 años, algo que favorecía a los que habían usurpado la propiedad de campesinos desplazados o a los que explotaran lotes abandonados. Ahora se mira con cuidado que el derecho de propiedad sea legítimo y que retorne a su anterior dueño cuando existan de por medio acciones violentas en el área así delimitada.
En sentido similar, el desarrollo rural favorecía las llamadas reservas de desarrollo empresarial, poniendo en un segundo plano los intereses de los campesinos, de los indígenas y de las comunidades afrocolombianas sobre derechos colectivos a resguardos y zonas de reserva, vulnerados en especial con respecto a las últimas. Ahora hay un mayor equilibrio y se busca apoyar a los campesinos en sus empresas familiares o comunitarias.
Quizás el proyecto se va un poco en contra del desarrollo empresarial a gran escala al impedir que exista propiedad de los baldíos por parte de personas o empresas extranjeras. Es conocido el apetito de inversionistas brasileños y chinos por la siembra masiva de amplios territorios en la altillanura colombiana, que aprovechan economías de escala. Esto lo podrán hacer si se asocian con nacionales con una participación hasta del 50%.
La nueva ley introduce el concepto de derecho real de superficie, que es controvertido pues permite que un titular ceda el uso de su predio hasta por 30 años a favor de un tercero que lo utilice, goce y disponga de él. En el caso de un desplazado que no quiere volver a su terruño porque persiste el control territorial de facto de los violentos, la persona o empresa que lo esté usufructuando puede negociar un canon de arrendamiento con el propietario legítimo, perpetuando su expulsión y permitiendo que la vida económica siga su curso después de verse violentamente transformada. El desplazado gozará de la renta del suelo y eventualmente puede ejercer su derecho de propiedad.
En el pasado se le reconocía a un propietario sometido a un proceso de expropiación el avalúo comercial del predio en cuestión. Si el Congreso deja la ley tal como está propuesta —lo cual no es nada cierto— el Incoder podrá compensar al propietario con el avalúo catastral, lo cual es apenas justo. Los propietarios rurales han ocultado su riqueza durante toda la historia republicana subdeclarando el valor de sus tierras, evadiendo de esta manera los impuestos que hubieran servido para financiar las infraestructuras y la educación en la mayor parte de los municipios del país. No tiene sentido que paguen impuestos según el catastro y que se les compense con el valor comercial de predios, afectados precisamente por no ser explotados de manera adecuada.
Una iniciativa sobre el impuesto predial rural, contenida en el Plan de Desarrollo, va en la dirección de hacer costoso el mantener tierras ociosas o subexplotadas al aumentar la tarifa mínima que deben cobrar todos los municipios del país. De esta manera, los propietarios que no logren un ingreso superior al impuesto se verán forzados a vender o arrendar. Ello de por sí puede conducir al abaratamiento de la tierra y a que aumente la oferta de alimentos y materias primas.
ADIÓS A UN GRAN MAESTRO
El sábado pasado murió en Bogotá Fernando Hinestrosa, quien fue por más de 48 años rector de la Universidad Externado de Colombia, un claustro reconocido a lo largo y ancho de Colombia.
El legado de Hinestrosa para el país es incalculable. Por ejemplo, el que dejó desde las aulas a los estudiantes, donde impregnó por todas partes un espíritu de disciplina, de investigación, de amor por la cultura y la historia. Cuentan sus alumnos que en esa misma universidad, donde labró su título de “doctor en derecho”, impartió clases de derecho civil que se ilustraban dentro de los más amplios contextos históricos: hacía, para ello, un repaso de las instituciones jurídicas desde el código de Hammurabi hasta nuestros días, pasando por todos los intermedios, por los detalles, por esas pequeñas fibras que se tejieron para tener lo que se ha ganado hasta hoy. De ahí, tal vez, provenga su defensa a ultranza de la libertad y de los procesos históricos que tanto costaron obtenerla.
Escribió quince libros y múltiples artículos académicos en revistas, tratados y publicaciones internacionales. Nada detenía su afán por el conocimiento: el aprendizaje de distintos idiomas con el fin de entender mejor el lenguaje original en que otros autores escribían sus textos, el afán por conocer la historia detrás de las letras que leía en complejos códigos, la necesidad de entender a través de la enseñanza y, también, de llevarla a grandes ligas: bajo su batuta se consolidó una de las universidades más importantes de este país. Siempre con muchos silencios intermedios, pensando cómo encadenar una idea con la otra, cómo hacer realidad sus propuestas.
La Universidad Externado, haciendo cuentas después de esta desafortunada partida, tiene once facultades, 18 programas de pregrado, alrededor de 200 de posgrado y más de 12.000 estudiantes. Un balance que, si bien es sólo de cifras, revela un alma interior de dedicación completa.
Ya con este expediente sería suficiente aporte para el país. Pero hay más. Hinestrosa no solamente se quedó en la academia, sino que también dio muestras de buena voluntad para el servicio público. Lo hizo para alumbrar —bajo esa rigurosidad aprendida en los libros— algunas de las instituciones de este país: fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1967 y 1968, fue ministro de Justicia en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y ocupó la cartera de Educación en el de Misael Pastrana, fue presidente de la Corte Electoral en 1980 y embajador extraordinario ante la Santa Sede entre 1989 y 1991, entre otros cargos.
Hinestrosa siempre fue un defensor de la libertad y la democracia, de la institucionalidad, del buen funcionamiento de las ramas del poder público, del respeto por los derechos del hombre. Pocas veces se ve que un notable jurista, de mil batallas académicas, sea también un comprometido con su país, no sólo desde la enseñanza (vital para una democracia en desarrollo), sino también desde la gestión de las ideas. Sabemos que las supo defender en su momento. Siempre lo hizo, replicando esa resistencia que la Externado opuso durante la hegemonía conservadora de hace un siglo. Hinestrosa fue un liberal de verdad. De esos que hacen tanta falta en este país.
Ojalá muchos de sus estudiantes tomen su ejemplo. Esperamos asimismo que la historia de este rector, académico y hombre público sea repetida por muchos otros colombianos. Que el legado de su administración en la Universidad Externado se mantenga bajo esos lineamientos que construyó durante su gestión del claustro. Una vida como la suya es digna de contarse y de replicarse. Por contribuirle al país desde casi todas las vías que su profesión le permitió, honramos su memoria en este diario.
EL NUEVO SIGLO
PENSIONES JUDICIALES
La investigación sobre posibles anomalías en las pensiones de la Rama Judicial es muy compleja, no sólo porque se trata de poner en duda la transparencia de los más altos tribunales de nuestro país, sino porque las pesquisas se dan en momentos en que, de un lado, hay tensión entre el Gobierno, Congreso y cúpula jurisdiccional por cuenta del proyecto de reforma a la justicia que va a medio camino en el Parlamento y, de otro, parece no estar claro a qué instancia le corresponde adelantar las correspondientes indagaciones. Esto último es más que evidente en el choque de competencias entre la Contraloría General y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, dilema que, paradójicamente, se espera dilucidar con base en un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado. Hasta el momento tanto el ente de control fiscal como la instancia congresional ya tienen procesos andando, a tal punto que la Contraloría pediría el embargo de bienes y sueldos a varios magistrados y ex magistrados, en tanto que la Comisión alista los respectivos llamados para que los juristas rindan descargos ante los parlamentarios instructores. La Fiscalía y la Procuraduría, en sus ámbitos propios, también adelantan preliminares al respecto.
En ese orden de ideas, el primer reto que enfrenta esta investigación es, precisamente, la urgencia de que se aclare el ámbito jurisdiccional, ya que mientras aumentan los señalamientos a la Contraloría respecto de que no tiene competencia para investigar a funcionarios aforados como los magistrados, pese a que aquí hay dineros públicos involucrados, al mismo tiempo se acrecientan las críticas contra la Comisión de Investigación y Acusación, peros que van desde aquellos que reiteran que esa instancia no tiene herramientas, experticia ni imparcialidad suficientes para cumplir funciones judiciales, hasta los que traen a colación el ya desgastado apodo de “comisión de absoluciones”.
Un segundo reto en este proceso es evitar caer en la generalización y más aún en bautizar el escándalo con apelativos como “carrusel”. Es muy cuestionable que algunos juristas por el solo hecho de haber actuado pocos meses como magistrados auxiliares en alguna de las altas Cortes judiciales hayan obtenido reajustes millonarios a sus mesadas de jubilación, pero, según las informaciones de las últimas semanas, se trata de casos muy puntuales y no de una práctica masificada en toda la Rama. Obviamente sea uno, diez o veinte los casos sospechosos, todos se tienen que investigar a fondo y establecer claramente si hubo maniobras ajenas a la ley y la ética que rige a los funcionarios públicos y más aún a la majestad de la magistratura. Si se comprueba anomalía alguna, que se castigue a los involucrados de la forma más drástica posible.
De otro lado -aquí el tercer reto- lo peor que le puede ocurrir a las altas Cortes judiciales es que su reacción en contra de la misma y sobre todo acudir a calificativos como “complot”, “cacería de brujas” o “revanchismo político” llegue a ser entendida por la opinión pública como una malsana “unidad de cuerpo”. Todo lo contrario, deben ser las mismas altas Cortes judiciales las que entreguen la información a los entes de investigación y presten toda su participación para que este espinoso asunto se aclare. La cúpula judicial ha recibido del país las suficientes pruebas de cerrado respaldo y defensa de su autonomía y majestad en situaciones, como las registradas en el gobierno anterior, que trataron de vulnerar su independencia y el sentido mandatario de sus fallos. Ahora que algunas actuaciones aisladas de magistrados están bajo la lupa, la confianza ciudadana se mantendrá en niveles altos en la medida en que sean los mismos altos tribunales los que ayuden a esclarecer el escándalo. Obviamente si quedara en evidencia algún sesgo o prejuicio de los investigadores, pues las denuncias respectivas tendrán que aparecer y la opinión pública de nuevo cerrará filas en torno de las altas Cortes, las mismas que sin duda han sido las guardianas de la institucionalidad y el estado de derecho en Colombia.
COLPENSIONES TOMARÍA PROCESOS DE SEGURO SOCIAL
“La gente se puede cambiar de una entidad privada a Colpensiones, sin que tenga que adelantar ningún trámite adicional”, afirmó el ministro de Trabajo, Rafael Pardo.
Así lo afirmó el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, en una entrevista con Caracol Radio donde explicó que “Colpensiones asume todos los procesos del Instituto de Seguro Social, sin que el cambio represente un inconveniente para los usuarios”.
A renglón seguido explicó que "Colpensiones asume tutelas, demandas, esto es un cambio trascendental, y no se va a hacer si no es un cambio garantizado y seguro. La información que va a tener Colpensiones es la misma que tiene el Seguro Social, lo que cambia es la entidad que administra el régimen".
FISCALÍA NO HARÍA PARTE DE LA RAMA JUDICIAL
Que la Fiscalía sea un ente autónomo, independiente de la rama judicial, propondrá esta tarde la corporación Excelencia a la Justicia.
“La corporación en vista de lo traumático de la elección del Fiscal está proponiendo que la Fiscalía pase a ser un ente autónomo, independiente de la rama judicial, que el Fiscal sea designado por el Presidente de ternas que haga la Corte Constitucional previa una audiencia de confirmación y adicionalmente que quede claramente los requisitos, como que tenga experiencia relacionada con el cargo”, le manifestó a EL NUEVO SIGLO la directora ejecutiva Excelencia a la Justicia, Gloria María Borrero.
La propuesta será presentada formalmente esta tarde.
“Es la quinta mesa que estuvimos haciendo el Instituto de Ciencia Política y la corporación Excelencia en la Justicia, donde se sentaron las Cortes, se sentó el Gobierno, se sentaron los académicos y se sentó el Congreso a revisar varios temas de la reforma a la justicia”, anotó Borrero.
“Los colombianos merecemos contar en el menor tiempo posible con un Fiscal General en propiedad, que satisfaga las expectativas de experticia, eficiencia, independencia y probidad. Una persona que tenga una corta curva de aprendizaje una vez asuma el cargo, de manera que se apropie pronto de la entidad, puesto que la necesidad de avanzar pronto en delicadas causas y superar las dificultades que actualmente presenta el sistema penal acusatorio y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, así lo requiere”, agregó Borrero, precisando que así se lo ha comunicado la coalición Elección Visible al mandatario Juan Manuel Santos y al presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata, “para que a partir de las lecciones aprendidas que ha dejado el tortuoso proceso de designación del Fiscal General, estas situaciones no se vuelvan a presentar en el país”.
Cabe recodar que Elección Visible se define como un “frente ciudadano para vigilar y fomentar niveles de transparencia en la elección y selección de magistrados y dignatarios de altas Cortes”; la coordinación de la coalición está a cargo de Excelencia en la Justicia y es una actividad permanente del Instituto de Ciencia Política, Transparencia por Colombia y la Misión de Observación Electoral (MOE). También forman parte de la alianza Congreso Visible, Fedesarrollo, el Consejo Privado de Competitividad, Funcicar Cartagena, ProAntioquia, Invamer Gallup, la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT), Protransparencia Barranquilla y Ámbito Jurídico.
Borrero contó que Elección Visible invitó al presidente Santos a publicar las hojas de vida de los candidatos a integrar la terna, con antelación suficiente a su conformación en la página web de la Presidencia, para que la ciudadanía pueda pronunciarse frente a ellos y sus calidades personales y profesionales.
A los magistrados de la Corte Suprema les ha pedido establecer y divulgar los criterios definidos para la elección de este alto funcionario; divulgar el procedimiento, mayorías exigidas y cronograma; realizar audiencia pública televisada, en la cual se escuchen los puntos de vista de los tres candidatos señalados por el Presidente de la República; considerar durante esta audiencia algunas preguntas para los candidatos a Fiscal que la Academia y Elección Visible les haríamos llegar oportunamente; declararse en sesión permanente hasta que se logre la elección; declarar previamente los conflictos de interés existentes de sus miembros para esta designación; comprometerse a no dar espacio a lobbys clandestinos.
Para Borrero, el principal logro de los conversatorios ha sido “sentarlos a todos hablar del mismo tema y que se escuchen, porque no tenemos función de mediación”.
“Se dio un avance importante por parte de la Rama judicial que aceptaría, como un artículo transitorio, la atribución a notarios para labores de descongestión”, indicó.
Sin embargo, para ella, esas funciones, así sean temporales, no son convenientes porque terminarían por “desmantelar la justicia”.
TENTÁCULOS DE ANOMALÍAS EN LA REELECCIÓN
1. DOS MINISTROS EN LA MIRA: a casi ocho años de sucedidos los hechos, esta semana un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra los exministros del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, y de Protección Social, Diego Palacio, así como al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverry “como probables coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer, por los hechos ocurridos el 2 y 3 de junio de 2004, durante el trámite ante la Cámara de Representantes del proyecto de acto legislativo que permitía la reelección presidencial”. Se les sindica de incurrir en el delito de cohecho por dar u ofrecer. El llamado a juicio de los dos ex ministros y Pretelt se da casi cuatro años después de que la Corte condenara a la ex parlamentaria Yidis Medina por el delito de cohecho propio. Pese a que al ex presidente Uribe y varios de sus ex funcionarios insisten en que Yidis se autoincriminó, lo cierto es que la misma Corte, en la sentencia a la ex parlamentaria, advierte que “no hay duda que de las pruebas acopiadas fluye patente que las dádivas, halagos y promesas burocráticas aceptadas por la Congresista y ofrecidas por varios funcionarios del gobierno, fueron determinantes para que ejecutara un acto contrario a sus deberes oficiales, al aceptar supeditar su libertad de configuración como legisladora a los intereses de un específico sector, no en atención a la capacidad de convencimiento y de seducción que hayan proporcionado sus argumentos y razonamientos sino en virtud del ofrecimiento de sobornos que lograron quebrar la libertad y autonomía que debe caracterizar el proceso democrático de toma de decisiones…”.
2. INVESTIGAN COMPLOT CONTRA YIDIS: a finales del año pasado, desde una cárcel de máxima seguridad en Virginia (EU), el señalado y extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, quien admitió que trató de colarse en el proceso de desmovilización de paramilitares en el gobierno Uribe, le relató a la Fiscalía detalles de un plan para enlodar y desprestigiar a la ex parlamentaria Yidis Medina, principal acusadora en el proceso por la compraventa de votos parlamentarios para el acto legislativo de reelección en 2004. El Tuso indicó que un hermano del ex presidente Uribe y el ex senador Mario Uribe eran sus contactos y los de otros cabecillas de las autodefensas para armar un proceso contra Medina por secuestro y nexos con el Eln. El condenado ex jefe de inteligencia del DAS, Fernando Tabares, también admitió ante la Fiscalía que el DAS le habría pagado a un fotógrafo para desacreditar a Medina. Estas denuncias hacen parte de los procesos que por el caso de las chuzadas se adelantan contra la asilada ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y otros ex altos funcionarios del gobierno Uribe. El propio ex mandatario también tiene denuncias al respecto ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
3. PROCESO PENAL POR REFERENDO REELECIONISTA: desde 2009 la Fiscalía le tiene la lupa puesta a las irregularidades contables y de financiación del Comité Promotor del referendo reeleccionista que recogió las firmas con las que se pretendía abrir paso a un tercer mandato de Álvaro Uribe. El referendo, como se sabe, fue aprobado por el Congreso en medio de múltiples polémicas pero en febrero de 2010 la Corte Constitucional lo declaró inexequible. El ex ministro Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo (principales sindicados) así como otros integrantes del Comité fueron imputados en abril de 2010 de incurrir, presuntamente, en los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso y fraude procesal. A mediados de ese año Giraldo había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptaba una condena de 54 meses de cárcel y obtenía el beneficio de detención domiciliaria. Sin embargo, un tribunal tumbó esa negociación y ordenó seguir adelante con la causa contra todos los implicados, formulándose entonces la resolución de acusación y el llamado a juicio. El proceso se ha dilatado en varias ocasiones, varias de ellas por alegatos de la defensa, que incluso recientemente, a comienzos del mes pasado, pidió la nulidad de lo actuado bajo la tesis de que la Fiscalía habría cambiado la imputación de cargos, pues se sindica como principales responsables a Giraldo y Jaramillo y en calidad de cómplices a Hediel Saavedra Salcedo, Gustavo Antonio Dager Chadid, Cecilia Paz de Mosquera, Juan David Ángel Botero, Álvaro de Jesús Velásquez Cock y David Salazar Ochoa. El 25 de marzo el juez de conocimiento proseguirá la audiencia y se sabrá el futuro del proceso.
4. LA FERIA DE NOTARÍAS: en el marco de todo el proceso penal por la compraventa de votos parlamentarios para la aprobación del acto legislativo para la reelección presidencial ya fueron condenados por la Corte los ex parlamentarios Yidis Medina, Teodolindo Avendaño y Iván Díaz Mateus, al tiempo que la Procuraduría (en agosto de 2010) destituyó a Sabas Pretelt del cargo de Ministro del Interior y lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos tras comprobar que “los medios probatorios analizados permiten inferir que el ausentismo de Teodolindo Avendaño obedeció al ofrecimiento que le hizo Sabas Pretelt de la Vega, por lo cual finalmente se favoreció la propuesta de reelección presidencial…". El “ofrecimiento” fue la notaría 67 de Bogotá que, según la condena a Avendaño, éste habría ‘vendido’ a Camilo O'Meara. Sin embargo, aún están abiertos otros procesos por el escándalo de la “feria de notarías”, es decir las maniobras que hizo el gobierno pasado para otorgar estos despachos públicos a recomendados de los parlamentarios que apoyaron el acto legislativo de reelección en 2004. La propia Yidis Medina confirmó ante la Corte Suprema que sí hubo esta “feria”, pero el testimonio clave aquí es el del ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, quien admitió que se adjudicaron estas dependencias a parlamentarios que apoyaron el proyecto de reelección. Por este caso se considera que el primer capturado fue el ex senador conservador Alirio Villamizar, quien finalmente fue condenado en julio de 2010. Más de una veintena de ex parlamentarios y actuales congresistas están en la lista entregada por Baute a la Fiscalía y la Corte Suprema. Y como si fuera poco, el fiscal delegado ante la Corte dijo esta semana que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, sigue investigado en el proceso de la “yidispolítica” pero debe ser indagado de nuevo por el presunto delito de tráfico de influencias.
PREOCUPACIÓN POR JUECES QUE CAMBIAN LOS MANDATARIOS
Preocupación porque aunque los jueces no pueden poner ni quitar gobernantes, lo están haciendo manifestó el Gobierno Nacional.
Un fallo de primera instancia proferido por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de Santa Marta, Napoleón Barraza, que declaró nula la elección del gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, de los 13 diputados de la Asamblea Departamental y, además, no solo declaró nulas las elecciones del municipio de Zona Bananera, sino que ordenó nuevamente los comicios electorales en la población, ha prendido las alarmas sobre los alcances que puede llegar a tener una tutela en estos casos.
La tutela es definida por la Constitución Política de 1991 como una acción para reclamar ante los jueces, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, para la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
Según está establecido en las funciones del Consejo de Estado, la Sección Quinta es la encargada de resolver todos los procesos electorales relacionados con elecciones o con nombramientos.
Teniendo en cuenta lo anterior, “un juez de ejecución de penas no puede decretar una nulidad, eso lo debe decretar un juez administrativo”, le explicó a EL NUEVO SIGLO el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador.
El congresista no es el único que tiene una apreciación parecida. El exmagistrado del Consejo de Estado, Ramiro Saavedra, defiende la finalidad de cada uno de los procedimientos creados y cree que la justicia no está hecha para defender a los elegidos o a los no elegidos.
“Existe un procedimiento claro que establece la ley para cuestionar las elecciones, mientras que la tutela es una medida que solamente procede para defender derechos fundamentales cuando no hay otros hechos”, dijo el exmagistrado Saavedra en relación a la suspensión del gobernador Cotes.
Frente al tema de la nulidad de las elecciones del municipio Zona Bananera y la respectiva orden de volverlos a realizar, Saavedra también cuestionó el actuar del Juez y consideró que la disposición tomada por éste es una intromisión.
“Yo creo que es una intromisión del juez en un tema que no tiene; porqué, si está regulado a través de otras acciones y otros procedimientos ese no es el mecanismo. ¿Cómo va a ordenar elecciones? La tutela defiende los derechos fundamentales pero no regula el tema electoral”, precisó.
“Yo pienso que la justicia no es para defender un mandato de una persona elegida o sin elegir”, anotó Saavedra.
Ante la polémica, el profesional en derecho Clímaco Jiménez consideró que la finalidad de una tutela no es tumbar elecciones, porque para ese trámite se utiliza un proceso contencioso de nulidad electoral.
Gobierno Nacional
Obligado a acoger el fallo, el Gobierno Nacional encargó la administración seccional al viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Juan Fernando Londoño.
Al explicar el tema, el ministro del Interior, Germán Vargas, señaló ese “fallo está surtiendo una etapa de revisión en el Tribunal Superior del Distrito Judicial”, por lo tanto, “acatamos la tutela pero esperamos que el Tribunal Superior se pronuncie sobre la misma”.
El viceministro de Participación e Igualdad de Derecho, Luis Felipe Henao, tras reiterar el “respeto” del Ministerio del Interior y del Gobierno Nacional por los fallos judiciales, manifestó la “preocupación” por la desinstitucionalización que estos mismos pudieran llegar a generar en un departamento y más cuando el Plan de Desarrollo gubernamental estaba a punto de ser presentado.
“Creo que las decisiones judiciales nosotros las acatamos con respeto, pero tienen que ser decisiones responsables. Nno pueden colocar en entredicho el futuro de todo un departamento y a nosotros si nos preocupa que se esté desconociendo la sentencia de la Corte Constitucional donde señala que la competencia de los jueces en materia de tutela no sean para poder quitar o poner gobernador”, dijo Henao.
El Viceministro resaltó que no se estaba poniendo en “entredicho” la suerte del Gobernador, ni la honestidad de la Asamblea, sino que “se están mirando unos procesos electorales y esto se tiene que dar ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Consejo de Estado, pero no ante un juez de tutela”.
Henao sostuvo que el Ministerio pedirá que se aclaren varios puntos del fallo porque presuntamente no se están respetando los precedentes de la Corte Constitucional.
Por lo pronto, Londoño se posesionó el viernes ante los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y manifestó su intención de continuar con las “directrices” dejadas por el gobernador Cotes.
REVISTA SEMANA
HAGAN SUS APUESTAS
Congresistas como Juan Lozano, de la U, Alfonso Prada, de los Verdes, Jorge Robledo, del Polo, Germán Varón de Cambio Radical, el conservador Roberto Gerlein, y Juan Fernando Cristo, liberal, vuelven al Capitolio tras un largo receso. La luna de miel entre gobierno y el Congreso está en veremos.
El gobierno se juega sus restos frente a un Congreso que hasta ahora le ha marchado, pero que ya empieza a mostrar los dientes. Están en juego: regalías, reforma tributaria, fuero Mientras muchos ya esperan con ansias la Semana Santa, los congresistas se preparan para empezar una de sus legislaturas más importantes. El año político arranca esta semana con la primera mesa de Unidad Nacional de 2012, y las primeras sesiones del Congreso. Y todo indica que esta legislatura no será nada fácil. No en vano, en el mundo político hace carrera una frase que dice que en el Capitolio el primer año es del gobierno, el segundo y el tercero son compartidos y el cuarto es del Congreso. Después de 18 meses en los que el gobierno trabajó a todo vapor y aprobó más de 60 leyes, el desgaste se empieza a sentir en un momento político crucial para Santos.
En la próxima legislatura el presidente se juega muchas cosas. Primero, su chequera. La reforma tributaria y la conciliación de regalías son, ni más ni menos, el músculo financiero para adelantar gran parte de los proyectos y reformas que quiere ejecutar. Segundo, su revolución agraria con la ley de desarrollo rural con la que piensa darle una vocación productiva al agro. Tercero, su honor, con la reforma a la justicia, con la que busca resolver uno de los problemas más grandes que tiene el país. Cuarto, las bases de un marco jurídico para la paz. Y, como si lo anterior fuera poco, el gobierno tendrá que desplegar todas sus dotes de malabarista para liderar el debate sobre la Justicia Penal Militar y discutir los alcances del fuero militar, un tema tan sensible como ideologizado, pero crucial para resolver el conflicto armado.
La carga de trabajo será considerable, pues esta es una legislatura muy corta, con apenas 22 días hábiles para sesionar entre marzo y junio. Antes del 20 de junio, deben hacer trámite la reforma a la justicia y el marco para la paz en su segunda vuelta, y los primeros cuatro debates del nuevo proyecto sobre Justicia Penal Militar, que seguramente levantará más de una ampolla. Será una faena difícil para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, que tendrá que capotear el creciente disgusto de los congresistas, que sienten que no han sido tratados con la misma moneda tras meses de apoyo incondicional a la agenda del gobierno. “Están cansados con el tema burocrático, el gobierno no está ayudando y esto ya dio la vuelta. No caminarán al mismo ritmo”, dice un conocedor de la filigrana política y burocrática colombiana.
Además de las voces que demandan ‘oxígeno’, las dinámicas internas de los partidos han cambiado, lo que tiene consecuencias directas sobre la Unidad Nacional. Mientras en el primer año y medio, los jefes de partido se comprometían con el gobierno a sacar adelante las iniciativas y daban por descontado el apoyo unánime de las bancadas, el cuadro ahora pinta más difícil. Los partidos están divididos en su interior, por lo cual hay más de un rebelde que se negará a seguir los dictámenes de la mesa de unidad. La semana pasada se prendió la primera alarma cuando un sector de La U, encabezado por Juan Carlos Vélez, y el Partido Conservador hicieron evidente la división entre uribistas y santistas al declararse en contra de retirar el artículo de fuero militar de la reforma a la Justicia. “Le están midiendo el aceite al gobierno” dice un senador experimentado.
Después de varios meses de silencio, el Congreso se tomará la palabra. Si bien algún grado de desgaste es normal, Vargas Lleras tendrá que redoblar esfuerzos para calmar a los inconformes, sacar adelante la agenda y defender el rótulo de ‘superministro’ que le colgaron por la maratónica aprobación de leyes durante el primer año de gobierno. El consenso no será fácil de conseguir, pues hay ímpetus de rebeldía, desgaste político y sed de burocracia. Los congresistas empezarán a mostrar los dientes, comenzarán a mover sus fichas para asegurar su elección de 2014 y la agenda ya no podrá ser monopolizada por el gobierno. Vargas tendrá que mostrarle al país que la luna de miel entre el Ejecutivo y el Legislativo todavía no ha terminado.
VUELVE Y JUEGA
El presidente Juan Manuel Santos posesionó este martes a Martha Lucía Zamora como fiscal general de la Nación encargada.
La interinidad en la Fiscalía es una prueba de fuego para las altas cortes y para el gobierno. A estas horas nadie sabe cuándo llegará el nuevo titular y ni siquiera por cuánto tiempo estará.
En algún momento el país pensó que ya había superado lo peor que le podía pasar a la Fiscalía: el año y medio de interinidad que padeció porque la Corte Suprema no quería ponerse de acuerdo. Pero parece que la caótica situación se repite. En un abrir y cerrar de ojos renunció la fiscal Viviane Morales, se dio por hecho el ascenso del entonces vicefiscal Wilson Martínez, pero este renunció y se encargó del cargo a Martha Lucía Zamora.
Y lo peor es que a diferencia de la otra crisis, cuando solo dependía de que la Corte Suprema votara, ahora el lío es mayor: nadie sabe si el elegido estará uno o cuatro años al mando. Y mientras eso no se decida, el presidente Juan Manuel Santos no podrá armar la terna, para que de nuevo el alto tribunal decida. ¿Cuánto se demorará esta vez?
Este panorama es realmente dramático para una entidad que, como la Fiscalía, es considerado el segundo cargo en importancia en el país, no solo por el poder, la cantidad de funcionarios y las monumentales consecuencias de cada una de sus decisiones, sino porque de su buena salud depende que funcione el aparato de la Justicia.
En un primer momento se pensó que solo se trataba de encontrarle un buen reemplazo a Viviane Morales, que anticipó su salida luego de que el Consejo de Estado pidió anular su elección. Pero la sensación de desconcierto ha ido en aumento porque las altas cortes se han dedicado a tirarse la pelota como si estuviera en juego un asunto marginal y no una de las tres ramas del poder público.
Desenrollar el ovillo de lo que pasa en los altos tribunales no es fácil. El lunes de la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia aceptó formalmente la renuncia de la fiscal Morales. En principio se creía que todo sería cuestión de un simple trámite. Así, el magistrado Javier Zapata anunció que el jueves la corporación se ocuparía de analizar si el próximo fiscal sería para un nuevo periodo de cuatro años o hasta el 31 de julio de 2013, como estaba previsto institucionalmente. El país respiró aliviado porque el magistrado aprovechó para pedirle al gobierno el envío de la terna lo más pronto posible. Muchos creían que por fin todos estaban sintonizados para definir un cargo que en los últimos años ha sido noticia en buena medida por su interinidad.
El gobierno respondió que era urgente precisar la temporalidad del periodo. El procurador general Alejandro Ordóñez terció al indicar que el Consejo de Estado debe definir este aspecto. El Consejo de Estado alegó que no podía pronunciarse sobre algo que no se le había consultado. La cosa empezaba a enredarse. Y, en efecto, la sorpresa llegó el jueves, cuando la Corte Suprema se declaró "incompetente" para definir el tiempo. Nadie daba crédito al espectáculo que se veía por todos los medios de comunicación.
Ahora, mientras se aguarda el concepto del Consejo de Estado, se tejen cábalas de toda índole. Distintas voces coinciden en que si ese tribunal indica que el periodo del fiscal general es breve, el gobierno se la jugará por Zamora. Se cree que su nombramiento sería bien recibido porque es una jurista conocida, tiene amplia experiencia, la conocen porque se desempeñó como procuradora delegada ante la Corte Suprema y luego como magistrada auxiliar de la Sala Penal. Es decir, viene de sus entrañas. De hecho, apenas hace un mes había regresado a la Fiscalía como asesora de Viviane Morales. En los mentideros judiciales se dice que la influencia de la Corte Suprema explica por qué el joven exvicefiscal Wilson Martínez se hizo a un lado, lo que permitió el nombramiento de Zamora justo el último día de labores de Morales.
Algunas voces creen, sin embargo, que ternar a la fiscal Zamora también puede generar molestias, en especial en un sector del uribismo, que recibiría la nominación de esa figura, bendecida por la Corte Suprema y cercana al magistrado de la parapolítica Iván Velásquez, como una provocación.
Ahora, si el Consejo de Estado conceptúa que el próximo fiscal debe ocupar el cargo por cuatro años, lo más probable es que el gobierno envíe una terna con grandes figuras jurídicas para ponerle punto final a una situación que no le ha hecho bien a nadie. Dentro del sonajero están el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, que ya fue ternado antes; el exministro Fernando Carrillo, recientemente designado para dirigir la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; el exmagistrado Manuel José Cepeda, que asesora al gobierno en la reforma a la Justicia Penal Militar, y el exembajador de Colombia en Ecuador y expresidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Arboleda Ripoll.
Como se ve, nombres es lo que hay, pero en un país con una profunda tradición santanderista muchos se frotan las manos mientras esperan el concepto del Consejo de Estado. Ya sea que se pronuncie en un sentido u otro, habrá abogados prestos a demandar la elección que luego se dé en la Corte Suprema. El gobierno, entonces, hace bien en aguardar el concepto, pues cuando se formulen las demandas el asunto será atendido por el propio Consejo de Estado, y es mejor que esa pelea llegue a esa corporación antecedida por un pronunciamiento de la misma.
Lo que ahora el país espera es que una vez sea formulada la terna, la Corte Suprema sea capaz de elegir a tiempo y no se enfrasque de nuevo en divisiones eternas. Aunque el máximo tribunal guarda profundas diferencias frente al gobierno por cuenta del proyecto de reforma a la justicia, y dentro de él existen aún dos fuerzas opuestas, nadie cree que los magistrados se expondrán de nuevo a ser señalados de congelar la elección del fiscal y menos que vuelvan a interpretar excepcionalmente las reglas para elegir.
La dupla encargada
¿Quiénes son los dos experimentados juristas que estarán al frente de la Fiscalía mientras llega un fiscal en propiedad?
Martha Lucía Zamora, la nueva fiscal general encargada, es una mujer de amplia trayectoria en la Rama Judicial y conoce la Fiscalía tanto como a la Corte Suprema de Justicia. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia y está vinculada con la rama desde 1991, siempre ocupando cargos de relevancia. Fue secretaria de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente y una vez creado el ente investigador trabajó allí durante la gestión de Gustavo de Greiff, el primer fiscal general de la Nación.
Fue la primera mujer fiscal delegada ante la Corte Suprema, cargo que conservó durante la gestión de Alfonso Valdivieso y parte del periodo de Alfonso Gómez Méndez. Durante esos años instruyó procesos de connotación como el de Dragacol o el del entonces gobernador del Valle Gustavo Álvarez Gardeazábal. En 2001 Zamora se fue a trabajar con Edgardo Maya como procuradora delegada ante la Corte Suprema y, tras ocho años allí, pasó a ser magistrada auxiliar de la Sala Penal de esa corporación, donde investigó a congresistas envueltos en el escándalo de la parapolítica. Hacía apenas un mes había regresado a la Fiscalía, como asesora, cuando se produjo el sismo en la arquitectura jurídica del país y pasó a ser fiscal general encargada.
Una vez posesionada, Zamora nombró como su vicefiscal al jurista José Ricardo González, quien venía desempeñándose como fiscal delegado ante la Corte Suprema y es reconocido por instruir el proceso por el escándalo del carrusel de la contratación en el Distrito. González seguirá al frente de esa misión, por lo que el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno tendrá como acusador ahora al vicefiscal. La designación de González cayó bien, pues, como su jefe, es reconocido por su amplia experiencia: fue procurador, juez y lleva varios años siendo catedrático en distintas universidades.